Desde el pasado 31 de enero de 2025, la condena de cinco años y dos meses impuesta a la creadora de contenido Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, ha encendido un acalorado debate en nuestro país. Mientras las redes se inundan de imágenes y declaraciones —desde el saludo emotivo que la propia influencer ofreció a sus seguidores desde la cárcel hasta la marcha pacífica de familiares y amigos frente al penal El Buen Pastor—, surge una pregunta fundamental: ¿Es realmente justo que una persona, que hoy se muestra arrepentida y ha trabajado para generar empleo a través de sus emprendimientos, cumpla una condena tan dura en un contexto donde, a diario, permanecen en libertad delincuentes de delitos mucho más graves, incluso violadores?
Una condena polémica en medio de un descontento social
Epa Colombia fue condenada por delitos que incluyen perturbación al servicio público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas, hechos cometidos durante las protestas de 2019 en las que ella misma se grabó vandalizando una estación de Transmilenio. Las imágenes y la propia narrativa de aquel entonces, en las que justificaba sus actos como una forma de protesta, hoy se han convertido en el centro de un debate sobre la proporcionalidad de la justicia. Figuras como el presidente Gustavo Petro han cuestionado públicamente esta condena, argumentando que “a Epa la castigan por ser popular, pobre y protestar en un momento en que muchos jóvenes alzaban la voz”.
Doble rasero: ¿Por qué castigar a quien busca redimirse?
Si bien es innegable que los actos cometidos en 2019 dañaron bienes públicos, resulta inquietante comparar el tratamiento judicial que ha recibido Epa Colombia con la impunidad observada en otros casos de delitos graves. En nuestras calles conviven individuos que cometen actos de violencia, robos y agresiones sexuales, y sin embargo, la respuesta del sistema judicial —muchas veces lenta o endeble— resulta insuficiente para garantizar la seguridad y la justicia para las víctimas. La situación genera una percepción de doble rasero: mientras se condena con severidad a una influencer que, además, ha manifestado un cambio positivo en su conducta, otros criminales y violadores parecen transitar libres, sin enfrentar sanciones proporcionales a la gravedad de sus hechos .
La narrativa que emerge de este caso invita a reflexionar sobre la selectividad en la aplicación de la ley. Los familiares de Epa Colombia, así como diversos sectores de la sociedad, han expresado su desacuerdo ante lo que consideran una “castigación por ser pobre y por haberse manifestado en un contexto social complejo”.
¿Por qué se le niega el beneficio de casa por cárcel, pese a su condición de madre cabeza de familia, cuando otros delincuentes evitan las rejas gracias a maniobras legales o a una aplicación laxa de la justicia?
Un llamado a la revisión del proceso
La opinión que aquí se defiende no es la de negar la responsabilidad de los actos cometidos, sino la de cuestionar la proporcionalidad del castigo. El sistema de justicia debe ser riguroso, pero también equitativo. No se trata de justificar el vandalismo, sino de reconocer que, en un contexto de crisis social y de desigualdad, castigar con la misma dureza a todos los involucrados puede resultar contraproducente y, en algunos casos, injusto. Mientras se permite que verdaderos delincuentes y violadores continúen operando en las calles, el castigo a una persona que ha intentado redimirse y ha contribuido a la generación de empleo resulta un reflejo de una política judicial que parece más preocupada por la imagen que por la equidad y la eficacia en la seguridad ciudadana.
Conclusión
En definitiva, la situación de Epa Colombia invita a un análisis profundo sobre cómo se imparte justicia en nuestro país. La atención mediática y el clamor popular en favor de su liberación evidencian un sentimiento generalizado de descontento ante lo que muchos consideran un castigo desproporcionado en un escenario de impunidad. Es momento de replantear los criterios de condena y de garantizar que la justicia no se aplique de manera selectiva, sino de forma equilibrada y coherente para todos los ciudadanos.
Desde esta trinchera periodística, se hace un llamado a las autoridades para que revisen el proceso y consideren medidas que permitan a Epa Colombia reintegrarse a la sociedad, sin que ello signifique premiar conductas delictivas, sino más bien reconocer la necesidad de una justicia que castigue con rigor a los verdaderos delincuentes y, al mismo tiempo, ofrezca segundas oportunidades a quienes han demostrado un cambio real en su vida.
Nota: Este artículo de opinión refleja un punto de vista que cuestiona la selectividad del sistema judicial y aboga por la revisión de ciertos procesos judiciales en el contexto de una sociedad con altos índices de criminalidad. Las opiniones aquí expresadas se sustentan en diversas informaciones publicadas recientemente en medios nacionales.
También este artículo puede servir de base para un debate público sobre la equidad en la aplicación de la justicia y sobre la necesidad de políticas que garanticen seguridad y, al mismo tiempo, segundas oportunidades a quienes han demostrado querer cambiar su rumbo.
